Un hombre fue imputado por la presunta tenencia de casi 11 kilos de marihuana destinados a la comercialización, luego de un allanamiento realizado en la ciudad de Chos Malal que permitió secuestrar droga, dinero en efectivo, elementos de cultivo y un arma de fuego.
La acusación fue formulada este viernes por la tarde por el fiscal del caso, Víctor Salgado, menos de 24 horas después de los procedimientos realizados de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial en dos viviendas ubicadas en un mismo terreno y conectadas entre sí.
Según la investigación preliminar, el imputado, identificado como A. S. P., tenía en su domicilio del barrio Centenario I un total de 10 kilogramos de Cannabis Sativa para comercialización, además de 10 plantas con un peso deshojado de un kilo, 44 gramos de semillas y 31 plantines.
Durante los allanamientos también fueron secuestrados tres sistemas indoor de cultivo equipados con iluminación, ventilación y termómetros, dos balanzas, cinco cámaras de vigilancia y 6.679.000 pesos en efectivo. Gran parte del dinero fue hallado oculto en un entretecho del living, dentro de una bolsa de nylon y un bolso.
El fiscal sostuvo que la sustancia se encontraba en distintas etapas de producción, procesamiento y acondicionamiento para su venta. Entre los elementos secuestrados se encontraron recortes de nylon de distintos colores, bolsas tipo Ziploc de diversos tamaños, frascos con cogollos, balanzas de precisión, dinero en efectivo y una importante cantidad de papeles de seda para el armado de cigarrillos.
Además, los investigadores secuestraron una escopeta de caza de cañón simple, sin numeración visible, que estaba guardada dentro de un maletín marrón.
Por estos hechos, Salgado le atribuyó los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, en carácter de autor.
Rechazaron la prisión preventiva
Durante la audiencia, el MPF solicitó que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva durante un mes al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También pidió el embargo de su billetera virtual.
El juez de garantías Diego Chavarría Ruiz avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de tres meses para la investigación. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva y dispuso que el imputado se presente una vez por semana en la Comisaría 24 durante tres meses. También le prohibió mantener contacto con otras personas que están siendo investigadas en la causa.
En cuanto al embargo solicitado por la fiscalía, el magistrado lo autorizó por el tiempo que dure la investigación.
Los procedimientos se realizaron en el marco del plan provincial de lucha contra el microtráfico, implementado tras la entrada en vigencia de la ley que transfirió a la provincia la investigación de estos delitos, anteriormente bajo jurisdicción federal.
