Por medio de un acuerdo, le dictaron una pena de 2 años en suspenso. Sucedió en Junín de los Andes.
Con total impunidad, en un hecho sumamente reprochable, el director de una escuela rural de Junín de los Andes falsificó los documentos para quedarse con el dinero destinado a los viáticos para el comedor del establecimiento. Fue denunciado, acusado y, ahora, a través de un acuerdo de partes, la Justicia le impuso una pena de 2 años en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En una audiencia realiza la semana pasada, el fiscal Manuel González presentó el acuerdo arribado con la defensa ante un juez de garantías. Detalló los hechos por los que en diciembre pasado fue acusado de falsificación de documentos públicos y defraudación a la administración pública.
El entonces director de la escuela rural San Ignacio de Junín de los Andes adulteró documentos para quedarse con el dinero destinado al comedor escolar por un total de 23.473 pesos. “Con esta perversa conducta, no solo defraudaba a la administración pública, sino que prácticamente dejaba sin comida a los niños de la escuela”, sentenció el fiscal.
De acuerdo a la teoría de los hechos, las estafas fueron cometidas en septiembre y noviembre de 2018. Así, el director falsificó las firmas de dos personas en el acta de rendición de comedor escolar y/o refrigerio, el día 7 de septiembre, por una suma de 8482 pesos correspondiente al mes de agosto de 2018.
Luego, volvió a cometer el mismo delito cuando falsificó las firmas de otras dos personas en el acta de rendición de comedor escolar y/o refrigerio, con fecha del 1 de noviembre del 2018, por la suma de 14.991 pesos correspondiente al mes de septiembre.
Además, se le atribuyó un tercer hecho entre agosto, septiembre y octubre de 2018, cuando “cometió fraude en perjuicio de la administración pública; al apropiarse del dinero y/o alimentos destinados al comedor de una escuela”, indicó el fiscal, y detalló que el hombre compraba o hacía que compraba alimentos para el comedor, que nunca llegaban al mismo.
Finalmente, luego de que el acusado reconociera la autoría de los hechos, el juez Juan Pablo Balderrama homologó el acuerdo y declaró culpable al director por falsificar documentos públicos y estafar al Estado. Le dictó una pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer un cargo público.
