Desde el bloque Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para implementar el Debate Público entre candidatos y candidatas a la gobernación de la provincia. A tal fin, se modifica el articulado del Código Electoral -3053- y se instituye dicho debate como una práctica deliberativa que faculta a los candidatos y las candidatas a dar a conocer, argumentar y discutir sus propuestas y programas de gobierno ante la ciudadanía.
El debate público deberá realizarse dentro de los 20 días previos a la elección, no pudiendo hacerlo siete días antes de los comicios, y se regirá por los principios de igualdad; pluralismo; acceso a la información; transparencia; compromiso cívico; oralidad; indelegabilidad; rendición de cuentas; buena fe; y respeto. El debate será transmitido en directo por todos los medios públicos televisivos, radiales y digitales en los que la provincia tenga participación y, durante las tandas publicitarias, no podrán emitirse ni propagandas electorales ni publicidad oficial. La agrupación política del aspirante a la gobernación que se ausente será multada con diez mil módulos electorales, es decir, poco más de un millón de pesos a valores actuales.
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La Junta Electoral, con asesoramiento de organizaciones académicas y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de los valores democráticos, convocará a los candidatos y/o candidatas dentro de los cinco días corridos posteriores a la oficialización, a participar de una audiencia destinada a establecer el reglamento por el que se regirá el debate. Dicha instrucción versará sobre el lugar y fecha de realización, la selección y modo de actuación de los moderadores que intervendrán, así como también los temas a abordar. En caso de no haber acuerdo entre los y las candidatas, la decisión recaerá sobre la Junta Electoral.
Los fundamentos califican la instancia promovida como una herramienta para el fortalecimiento de la democracia, un elemento esencial para facultar a la ciudadanía a tomar una decisión informada y fundada. A la vez, el debate público promueve una mayor equidad al permitir que la totalidad de los candidatos o candidatas puedan discutir sobre sus respectivas propuestas ante el universo electoral, independientemente de los recursos económicos con los que cuenten o el caudal electoral que puedan haber obtenido en elecciones anteriores.
Retoman como antecedente el debate presidencial del año 2015, denominado Argentina Debate, con elevados registros de audiencia que demuestran cómo este tipo de instancias pueden contribuir a alentar el interés ciudadano por la política. Un año más tarde, se sancionó la ley 27337 que fijó la obligatoriedad de los debates presidenciales. En similar sentido, jurisdicciones como Mendoza, Chubut, Santa Fe y la ciudad Autónoma de Buenos Aires implementaron este tipo de debates con postulantes a ocupar el primer cargo Ejecutivo.
El proyecto de ley (14359) ingresó por Mesa de Entradas el 18 de mayo firmado por Luis Aquín, Ayelén Quiroga, Leticia Esteves y César Gass.