El fiscal jefe Fernando Fuentes y la fiscal del caso Natalia Rivera presentaron cargos contra dos directivos de la empresa Luciano S.A., por el derrumbe ocurrido el 1 de agosto de 2023 en el Cerro de la Virgen de Chos Malal, que dejó a tres integrantes de una familia con lesiones de distinta gravedad.
Los imputados son L.L., presidente de la firma, y R.M., ingeniero y director técnico de la obra pública que se realizaba en el lugar: la construcción de un puente sobre el río Curileivú y su acceso a la Ruta 43. El proyecto había sido adjudicado en 2011 y aún no había sido entregado a la provincia al momento del accidente.
Según la investigación, el desprendimiento de rocas se produjo porque no se respetaron las medidas de seguridad previstas en los estudios técnicos y ambientales. El talud, que debía tener una inclinación de 30°, presentaba una pendiente de unos 60° cuando colapsó. Los fiscales señalaron que tampoco se hicieron los estudios geológicos adicionales exigidos en la licitación, ni se aplicaron obras de contención en la ladera.
El día del derrumbe, un hombre, su pareja y su hija fueron alcanzados por las rocas. Sufrieron fracturas, golpes y cortes que demandaron entre 30 y 200 días de recuperación.
La querella, que representa a las víctimas, adhirió a la acusación pero pidió que se considere el delito de estrago culposo agravado por las lesiones. El juez de garantías Eduardo Egea rechazó esa calificación, aunque dio por formalizados los cargos y fijó un mes de plazo para continuar la investigación.
