La investigación contra dos policías de Chos Malal acusados de abuso durante un procedimiento policial tuvo un giro en las últimas horas. La fiscalía decidió agravar la acusación contra uno de los efectivos y pidió el sobreseimiento del otro por falta de pruebas.
La fiscal del caso, Natalia Rivera, reformuló este martes la acusación contra el policía Bruno Muñoz, a quien ahora se le atribuyen los delitos de vejaciones y apremios ilegales. En cambio, solicitó el sobreseimiento del sargento primero José Jorge Osés, al considerar que el análisis de los videos y testimonios reunidos durante la investigación no permite sostener la imputación en su contra.
El planteo se realizó durante una audiencia de control del plazo de la investigación. El juez de garantías Juan Pablo Balderrama avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal.
El hecho investigado
La causa se inició el 15 de septiembre de 2025, cuando la fiscalía formuló cargos contra ambos efectivos por un episodio ocurrido el 14 de junio de ese mismo año, durante la madrugada, en la esquina de Belgrano y Sarmiento de Chos Malal.
De acuerdo con la investigación, un hombre y una mujer se encontraban dentro de un vehículo estacionado cuando los policías, que realizaban un patrullaje de rutina, se acercaron para solicitar documentación.
En ese contexto se produjo un forcejeo con el conductor y, según la imputación fiscal, Muñoz le habría dado golpes de puño en el rostro a través de la ventanilla. Luego, retiró a la mujer del vehículo, provocando su caída al suelo.
Siempre según la acusación, el efectivo la arrastró por el piso y la esposó contra el automóvil.
Para la fiscalía, ese accionar constituyó un trato abusivo, denigrante y humillante hacia las víctimas, por lo que Muñoz quedó imputado como autor del hecho.
Un mes más de investigación
Durante la audiencia también se analizó el plazo de la investigación. A pedido de la defensa, el juez resolvió prorrogar la etapa investigativa por un mes.
En ese período se incorporarán nuevas medidas de prueba vinculadas al análisis de videos y a un sumario administrativo policial, antes del cierre de la etapa preparatoria.
Las víctimas cuentan con representación legal particular, que interviene en el proceso como querellante.
