Se aprobó la ley que crea el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. Quienes lo integren tampoco podrán ser proveedores del Estado.
La Legislatura neuquina aprobó este miércoles por mayoría la ley que crea el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género. Quienes lo integren, estarán inhabilitados para ser candidatos electorales, para ser proveedores del Estado y para ingresar a las fuerzas de seguridad. Tampoco podrán obtener licencias de conducir, entre otras restricciones.
La orden para que las personas formen parte del registro estará a cargo de los jueces o juezas penales o civiles y será para aquellos casos en los que haya sentencia firme o cuando se violen las medidas de restricción ordenadas por la Justicia. También podrán decidir sobre la exclusión del registro.
Las personas que figuren en el Registro estarán inhabilitadas para ser candidatas a cargos electivos provinciales o municipales, al tiempo que no podrán ser designadas como funcionarios provinciales o municipales, ni acceder a habilitaciones, concesiones, licencias o carnés de cualquier tipo. Tampoco podrán ser proveedores o contratistas del Estado ni ingresar a las fuerzas de seguridad o a la planta de agentes del Estado.
El texto de la norma unificó dos proyectos presentados en la anterior gestión legislativa por el ex diputado Raúl Podestá y el bloque del MPN, en el año 2018 y luego del doble femicidio de Carina y Valentina Apablaza en Las Ovejas.
Si bien acompañaron la iniciativa, algunos legisladores plantearon que la normativa no resolverá el problema de fondo de la violencia de género, mientras que los bloques del FIT y PTS-FIT se expresaron en igual sentido pero votaron de forma negativa. La ley obtuvo 31 votos positivos.
La diputada María Laura du Plessis (MPN) sostuvo que se busca “inducir a quienes ejercen violencia a que encuentren el tratamiento adecuado y depongan la actitud violenta” y remarcó que se pretende generar “una herramienta más para que la justicia pueda contar con elementos para disuadir a las personas que ejercen violencia”.
Desde el Frente de Todos, la diputada Ayelén Gutiérrez destacó la necesidad de contar con más herramientas para erradicar la violencia de género y señaló que las medidas planteadas respetan las garantías constitucionales de las personas y el debido proceso. Su compañera de bloque, Soledad Martínez, manifestó que el objetivo del Registro es que “los violentos entiendan que sus actos tienen consecuencias más allá de esa realidad intrafamiliar que violentan” y aclaró que tampoco soluciona la problemática.
Desde el FIT, la diputada Patricia Jure argumentó su oposición al considerar que “es una ley de autoencubrimiento” y planteó que debería incluir “a todo el Poder Judicial y a todo el Estado por poner en vulnerabilidad a las mujeres”. Además, advirtió que los casos con condena firme son un ínfimo porcentaje de la realidad.