Envió un proyecto que comenzó a tratarse en comisión en la Legislatura. Hay una gran morosidad y valores de cuotas completamente desactualizados.
La Legislatura comenzó a tratar este martes en comisión un proyecto de ley enviado por el gobernador Rolando Figueroa que busca recuperar el nivel de cobro y actualizar los valores de las cuotas por planes de viviendas en la provincia de Neuquén.
El proyecto, denominado “Programa de sostenibilidad habitacional”, plantea como finalidad, en su artículo segundo, “establecer parámetros claros y uniformes de valuación y financiación de viviendas provistas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (I.P.V.U.) y por la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (A.D.U.S.)”.
Para ello se prevé “implementar mecanismos operacionales para potenciar y revalorizar el sector de la vivienda como factor vital y prioritario de progreso social y crecimiento económico”. Y, a su vez, “reorientar los recursos destinados al sector y estimular su eficiente movilización, en observancia de las leyes nacionales y provinciales de financiación crediticia vigentes”.
La iniciativa establece la creación de una “Oficina Virtual del Programa de Sostenibilidad Habitacional” para que los beneficiarios de un plan de vivienda otorgado por el I.P.V.U o la A.D.U.S “constituyan domicilio electrónico personal, y/o designen un apoderado de su confianza por acto simple, para gestionar, tramitar, cancelar, regularizar, refinanciar y/o realizar cualquier gestión vinculada con los organismos”.
En su artículo quinto la norma que se pretende aprobar indica que “la falta de pago de tres (3) cuotas o más consecutivas, o cinco (5) cuotas alternadas, de la financiación oportunamente otorgada, producirá la extinción automática y de pleno derecho de la misma” y que “quedará sin efecto el valor histórico establecido del inmueble en cuestión, sin necesidad de declaración administrativa o judicial posterior”.
Producida la extinción, el I.P.V.U. determinará una nueva tasación y establecerá una financiación en pesos, con un nuevo valor. La falta de aceptación implicará la caducidad y extinción de la adjudicación en venta, con la consecuente obligación de restituir el inmueble y las sumas adeudadas con más los intereses punitorios.
Planteo de los diputados
En la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales algunos diputados y diputadas propusieron algunas modificaciones y agregados al proyecto. Por caso, Claudio Domínguez (MPN) solicitó que se realice una regularización de deuda y dominial, orientada a la gente que está desde hace años en una vivienda y que no tiene la titularidad.
Hay casos, por ejemplo, de adjudicatarios que, sin saldar la deuda de un inmueble de plan, no viven ahí, ya sea porque esa vivienda fue alquilada a un terrero, se cedió a otra persona cercana o familiar, o porque se vendió a través de un boleto de compra venta.
Lo que propuso Domínguez es que, en estos casos, se llame a una regularización de dominio, se establezca un precio de la vivienda y un plan de pago actualizado para el que la habita realmente.
También se pidió contemplar los casos de beneficiarios que están pagando a cuenta, es decir, se trata de gente a la que se le adjudicó en su momento una vivienda y como no se determinó el valor se pactó un monto acordado con el IPVU.
Lo que se planteó es no llevar a valores actuales lo que se pagó hasta la fecha, sino calcular, en porcentaje, lo abonado sobre el precio total del inmueble.
Los morosos y la desactualización
En los fundamentos del proyecto enviado por el gobierno neuquino se señala que, después de haberse realizado un estudio sobre la situación actual de las viviendas y créditos provistos por el I.P.V.U y la A.D.U.S, se
advierten altos índices de morosidad en el cumplimiento de los planes de financiación, además de requerimientos de regularización inconclusos.
De allí surge que, a febrero de este año, la morosidad es cercana al 70 % de las viviendas pertenecientes al IPVU.
También que, de un total aproximado de 58.000 viviendas, solo han sido canceladas el 17 %. Y que se registran planes de financiación vencidos por incumplimiento de los adjudicatarios, cuyas cuotas a valores históricos resultan ínfimas: entre los 150, 1.500 y 3.000 pesos.
“La cantidad de viviendas/créditos otorgados a lo largo de los años devino indefectiblemente en distinta normativa conforme al régimen jurídico aplicable del momento. Por ello resulta necesario establecer parámetros claros y uniformes de valuación, financiación, procedimientos de regularización y procesamiento de información acordes a la realidad actual”, se indicó.